Las universidades comenzaron un trabajo investigativo en torno a los derechos del niño, debido a que, de un lado, nuestro país se encontraba próximo a ser revisado en este aspecto por parte del Comité de Derechos del Niño; del otro lado, esté órgano de la ONU estaba brindando la oportunidad a la sociedad civil para que participara con un informe donde se evaluara al país en el tema, que sería alterno al informe oficial que presenta el Estado colombiano.
De esta manera, cada institución perteneciente a la alianza siguió una línea investigativa que, a la postre, se reflejaría en el informe alterno. Así, la Universidad de Medellín se ocupó de la seguridad ambiental, la Universidad Católica de Oriente de la debilidad institucional en el Oriente antioqueño, la Universidad Pontificia Bolivariana con la Universidad de Antioquia se encargaron de estudiar el desplazamiento forzado y la afectación a la población infantil, y la Universidad de Antioquia individualmente trabajó un ítem sobre adopción. Para la elaboración del informe fue fundamental el trabajo que realizó la Universidad de Minnesota debido a su experiencia en otros comités de las Naciones Unidas.
Después de construido y presentado el informe, entre el 16 y el 18 de junio de 2014 se realizó la primera sesión de evaluación por parte del comité en la cual la sociedad civil tuvo la oportunidad de sustentar los informes alternos que fueron aceptados. Así, la profesora de la Universidad de Antioquia, Lina Marcela Estrada, y la estudiante de Derecho de la UPB, Ángela María Mesa, viajaron a Ginebra para exponer las temáticas que se trabajaron en la Alianza. Allí presentaron y sustentaron el informe alterno en el cual se abordaron diferentes situaciones en las que se están vulnerando los derechos de los niños.
Además de la sustentación, explica Lina Estrada, se realizó un trabajo de identificación de miembros del Comité que tenían interés en los temas presentados. “Hicimos unos perfiles, y estando allá nos acercamos a ellos para que conocieran más del informe alterno, de nosotros y de la Alianza. Entonces nos sentamos con el miembro del comité y le explicamos por qué es importante que le hagan preguntas al Estado sobre ciertas situaciones. En octubre sacaron la lista de preguntas que se le hacían al Estado de acuerdo a lo que ellos habían mirado en los informes de la sociedad civil, y encontramos que todos nuestros temas se hicieron presentes”, afirma.
Después de que el Comité recibiera en noviembre las respuestas por parte del Estado a las preguntas formuladas, se realizó una segunda sesión en enero donde Colombia sustentó su respuesta. En esta audiencia la Alianza también fue invitada para sustentar una actualización del informe alterno, en el cual se tocó específicamente el punto de minería y se presentaron hechos nuevos acerca de los temas que se habían trabajado. En esta oportunidad viajó la profesora de la Universidad de Antioquia Sandra Gómez con la estudiante Carolina Montoya de la Universidad Católica de Oriente.
Finalmente, en febrero el Comité de los derechos de los niños, niñas, infantes y adolescentes presentó las recomendaciones finales que le hacen al Estado con aspectos a mejorar, en el cual aparecen nuevamente recogidos todos los temas que trabajó la Alianza en el informe alterno.
En este sentido, la profesora Sandra Gómez explica que para la elaboración de estas recomendaciones el papel de las universidades fue fundamental, porque “se llevaron temas que las demás organizaciones de la sociedad civil no llevaban, porque sus ámbitos de experticia están muy relacionados con la niñez y el conflicto armado. Nosotros hicimos análisis que no hicieron las otras organizaciones que participaron, y eso habla muy bien del trabajo que hicimos”.
Además, agrega que la incidencia no se hizo solamente con el informe, sino también con la presencia y sustentación de los profesores y estudiantes que viajaron a las sesiones. “Eso tuvo mucho impacto y contribuyó a que el contenido de las recomendaciones fuera en la vía en la que nosotros proponíamos”, afirma Gómez.
Este proceso y la incidencia del informe en las recomendaciones finales que se realizaron al Estado, es para las universidades una reflexión sobre la manera en que se produce y se construye el conocimiento, y como esa producción puede volverse relevante socialmente para las personas que ven vulnerados sus derechos.
Según la profesora Sandra Gómez, después de esto sigue el trabajo más difícil que es el acatamiento por parte del Estado de las recomendaciones. “En un estadio ideal el Estado debería poder asimilar las recomendaciones y cumplirlas pero esa es una parte muy retadora del sistema de Naciones Unidas. Yo pienso que como actores de la sociedad civil, el primer rol de las universidades sería monitorear el cumplimiento, es decir, vigilar que el Estado las esté siguiendo”, asegura.
En este sentido, las universidades de la Alianza realizarán un foro el 30 de abril en la Universidad Católica de Oriente para presentar el ciclo completo de este proceso, en el cual se convocarán a funcionarios públicos para que conozcan las recomendaciones y puedan cumplirlas en el ejercicio de sus deberes.
Dentro de cinco años el Comité de derechos del niño nuevamente revisará al Estado colombiano con base en esas recomendaciones que se surtieron en febrero de este año.
Nota publicada en abril de 2015 disponible en: CLIC AQUÍ
